EL CONURBANO BONAERENSE – CICLO DE DEBATES 2010 – UNIV. NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO

 

Luego de que aceptara la invitación, circuló un correo electrónico que reafirmó mi decisión, y tiene que ver con complejizar el análisis académico, cotejándolo permanentemente con la realidad de los actores concretos de la política del conurbano. Por eso voy a planteas mi intervención desde el desafío de recorrer el trayecto entre la realidad y el “deber ser”, eso a lo que uno aspiraría que fuera el conurbano. Porque en el caso de pararnos exclusivamente en uno de esos dos campos, pongamos el teórico, haríamos un excelente análisis pero sin contacto alguno con la realidad. Y si hiciéramos a la inversa, nunca cambiaríamos nada. Yo procuraré situarme en el lugar de la interpelación de esa lógica estática, en cualquiera de los dos sentidos.

 

En honor al tiempo, sólo voy a enumerar algunos títulos, comenzando por la siguiente pregunta: ¿El conurbano es una sola cosa? Según los “cordones” existentes según su cercanía con la Capital, hay una diferente connotación en cuanto al grado de inclusión social. En general, el primer cordón está prácticamente incluido. Luego hay un sector al que se ha resentido mucho su capacidad de inclusión, de progreso en todos los sentidos, no solamente en el económico, pero aun así conserva la memoria de inclusión, y esto también condiciona las conductas y el modo de posicionarse ante la realidad. Y hay un tercer cordón o sector que ya presenta características de pobreza mas estructural, o, mejor dicho, ha ido adquiriendo algunos rasgos de pobreza más estructural, y eso incide en todos los niveles del comportamiento.

Al no haber un solo conurbano, tampoco hay una sola manera de gestión política del conurbano, ya que esto no puede responder únicamente a los estilos de los dirigentes, sino básicamente al entorno social de cada uno de ellos.

Tengo que hacer una aclaración, a partir de haberse hecho mención al “clientelismo”. Yo creo que el clientelismo existe, y la sociedad de mis sueños es una sociedad sin clientelismo; a lo que me resisto es a pensar el clientelismo como fenómeno atribuirle solamente a la situación de pobreza, a eso me resisto completamente. Si el clientelismo es utilizar el favor estatal a cambio de apoyo político, entonces el empresario que gana una licitación de obra pública o es proveedor del Estado y tiene que dejar una parte de su ganancia, y sigue votando a ese gobierno para mantener sus licitaciones, eso es un clientelismo calificado y mucho más grave y condenable.

Volvamos al “principio de realidad”. Voy a decir algo que no quisiera se malinterprete, pero hubiese sido muy buena la presencia del partido radical en esta Mesa, como estaba previsto. Lo digo porque, cuando hace 17 años, me fui de ese partido, se me abrieron las puertas de un universo social hasta entonces desconocido, el que toma contacto con la realidad concreta, profunda, de la pobreza. Con otras reglas de juego, otras maneras de sentir, con las que en un partido muy apegado a lo conceptual no se está habituado a convivir. Esas otras lógicas, muy expandidas en el conurbano, así como en el interior profundo del país, llevan a otras formas de encarar la cuestión, mucho más ligadas a la militancia del PJ. No digo que sean las correctas, digo que éstas son las que toman contacto con esa realidad y actúan en consecuencia, creando determinados “códigos” políticos. En definitiva, puro “principio de realidad”.

Mi intervención tendrá que ver, no sólo con el universo de las ideas, sino también con los fenómenos que me ha tocado y me toca vivir recorriendo el conurbano. De todos modos, entrar en contacto directo con esa realidad no cambia mi matriz conceptual sobre lo que debe ser cambiado. Para mí, el ejercicio del poder estatal en una construcción profundamente democrática, no tiene que ver con el disciplinamiento o el control social, sino que lo concibo como “poder de transferencia”. Es decir, utilizar los instrumentos que provee el Estado para transferir poder desde los lugares donde se lo ejerce monopólicamente, hacia la autogestión de cada grupo social, de cada familia, de cada ciudadano. Eso significa para mí acercarse a una democracia plena.

Hay una gran distancia entre el principio: “donde hay una necesidad hay un derecho” y “donde hay una necesidad hay un puntero político”, incluso cuando éste pueda satisfacer momentáneamente aquella necesidad. En un caso, el Estado garantiza ciudadanía plena, en el otro ofrece un canje por adhesión política. Esto no conspira contra la obtención de adhesión política, que yo también la busco. La diferencia reside en cuál es el sustento, permanente o transitorio según el caso, de esa adhesión. Por un camino, la política es garantía del status quo, por el otro de transformación.

Comparto la orientación general del proceso que estamos viviendo en el país, estoy apoyando cosas muy fuertes sin contraprestación ninguna, sino por convicción. Pero, cuando llegó el momento de discutir la llamada reforma política yo no voté a favor de ella, y apoyé –en cambio- proyectos en favor del sistema de boleta única. No es que desee discutir sobre el sistema electoral, sino asociar esto último con lo que estaba diciendo. Hablando en profundidad con muchos dirigentes justicialistas del conurbano, reconocen que la boleta única les privaría de toda la liturgia de los punteros justicialistas de hacer militancia barrial en torno del reparto de la boleta tradicional: esa boleta termina siendo un símbolo de la relación de intermediación que tiene ese militante con su barrio, de su inserción. Pero esto se presta mucho, también, a la manipulación, y ello no ayuda a esa sociedad de ciudadanía plena que conquista derechos definitivos, sino que mantiene el derecho en tanto subsista la relación con el puntero. Lo planteo desde este punto de vista, y no porque crea que la boleta única implique el óptimo, sino simplemente un pasito adelante para disminuir los niveles de manipulación del tradicional sistema de punteros.

Insisto en que detrás de esto hay también toda una diferencia profunda de concepción democrática. Cuando en ocasión de los comicios de 2007 se hizo una muy fuerte denuncia de fraude, quien era en aquel momento ministro del interior, Aníbal Fernández, tenía razón al decir que el supuesto robo de boletas no se le podía endilgar al gobierno, por cuanto el control de la existencia de boletas en el cuarto oscuro depende de cada partido político. En términos estrictamente formales tenía razón. El mensaje profundo era: “bueno, flaco, si estás en un partidito que no tiene fiscales suficientes, bancátela”. Desde un punto de vista pragmático, esto no está reñido con la ley. Pero lo que sí demuestra es que desde el Estado no se emite el mensaje que a mi entender sería correcto: “mi deber como Estado, aunque la ley no me obligue, es garantizar que la voluntad popular sea respetada en términos absolutos, sin depender del tamaño de cada aparato partidario, que, por otra parte, ya sabemos cómo suelen jugar. El momento de la votación es sagrado, esencialmente porque considero que es el único instante en que se iguala la voluntad de cada ciudadano, independientemente de su condición social o económica: un minuto antes y un minuto después de la emisión del voto, el líder de una corporación y el desocupado ya no tienen la misma incidencia en el proceso democrático. Por eso quien conduce el Estado debe otorgarle un gran valor simbólico al momento de la votación. Ven que entre el campo de la teoría y el de la realidad trascurren lógicas distintas…

Los otros días conversaba con Homero Bibiloni, secretario de medio ambiente, platense y fanático hincha de Gimnasia Esgrima La Plata igual que yo, y me contaba las dificultades propios de la gestión. Uds. recordarán que pocas semanas atrás, una jueza intimó a dicha Secretaría a pagar una multa por cada día de retraso en el cumplimiento de una disposición. Para cierto auditorio, muy propenso a la cosmética republicana, un fallo de este tipo suele caerle muy simpático, porque se identifica de manera autómata con una causa políticamente correcta como el postergado saneamiento del riachuelo. Y eso no está mal. Pero de lo que no se tiene idea cabal, hasta que no nos adentramos en el lugar concreto, es lo complicado, la cantidad de variables complejas a tener en cuenta para la administración de ese tema, la multiplicidad de instituciones y jurisdicciones que intervienen, las consecuencias sociales, culturales, habitacionales, etc. que surgen a partir de las necesidades y escasez de posibilidades concretas de las personas de carne y hueso, con rostro, nombre y apellido, que se ven afectadas por la situación del riachuelo. Con esto no quiero decir que no deba actuarse con celeridad, lo que quiero es que tomemos en cuenta las dificultades de la gestión concreta, cuando arrastramos años de inacción, ineficiencia y destrucción del aparato estatal, tan difícil de reconstruir. Es decir, se necesita, además del hacer, recuperar la dimensión didáctica de la acción estatal, explicarla tenazmente para que sea entendida en toda su complejidad, lo cual mejoraría la comprensión del ciudadano común sobre la misma, y opino que también mejoraría su involucramiento en la solución conjunta de los problemas. Algo similar nos pasó, en aquella conversación, cuando tocamos el tema de la feria comercial de “La Salada”, porque es mucho más fácil condenar la clandestinidad del fenómeno y a sus máximos responsables, que actuar sobre las decenas de miles de personas humildes que logran tener un plato de comida debido a su relación con él, y no sería sencillo cubrir esa necesidad mínima de manera inmediata si se arrasara con el lugar. ¿Qué hacemos? ¿Les aplicamos de forma instantánea el principio académico en contra de la evasión fiscal, sin más? En suma, me parece que la realidad del conurbano bonaerense se cruza con todas estas situaciones, para la cual sería muy demagógico decir que tenemos la solución al alcance de la mano. Más bien, me inclino por tener en cuenta una clave de mayor complejidad en la mirada.

Otro título es el problema de la inseguridad. Se trata de todo un universo temático al que simplemente me voy a limitar a nombrar, porque su desarrollo daría para todo un Seminario específico.

También se debe abordar lo que sucede al interior de numerosos Concejos Deliberantes. Si bien nunca lo viví en carne propia, -y aunque no se puedan aportar pruebas fotográficas- tanto yo como Uds. sabemos que funcionarios de los ejecutivos municipales así como concejales reciben “aportes extra” –léase coimas- por la renovación de los contratos de recolección de residuos, o de trasporte público, o por las excepciones a los códigos de ordenamiento urbano, por poner sólo algunos ejemplos. No digo en la totalidad de los casos, pero sí sabemos que suele ser una práctica habitual. ¿No requiere esto repensar el funcionamiento del propio sistema político, el sistema de controles y financiamiento? En definitiva, se trata de una escala más en el recorrido entre la cruda realidad y la meta hacia la cual pretendemos arribar en materia de profundas reformas a la situación del conurbano.

Un último título: el conurbano no escapa a una suerte de desfase administrativo estructural que tiene la provincia de Buenos Aires, producto su crecimiento espontáneo y, por lo tanto, no planificado. Y esa falta de planificación produce un derroche de recursos muy grande que podría evitarse con mayor organización. Hablo de una profunda racionalización en el uso de los recursos, lo cual no es un problema exclusivo del conurbano, sino de toda la Provincia de Buenos Aires, desde el momento que existen 134 estructuras burocráticas de nivel municipal que requieren de una regionalización planificada para dar mayor eficacia a las tareas de las cuales son responsables, como el medio ambiente, los residuos, la iluminación, el trasporte público, etc.