Actividad política

Ciertamente tenemos dos criterios de República distintos. Para algunos estamos ante el fin de la República. Para nosotros, el tener más Estado, más autonomía financiera, más construcción de viviendas y, a pesar del decaimiento económico internacional, mantener los niveles de empleo, eso significa mejor República.

La diferencia es que se está construyendo una nueva institucionalidad, que esta idea de República está sostenida por otras instituciones, que de ninguna manera desconocen a los poderes constitucionales.

Lo que sí se plantea en esta nueva etapa, inclusive del constitucionalismo latinoamericano, es que para garantizar la independencia de los poderes que las Constituciones nombran, es necesario dotarlos de mucha legitimidad popular, porque es el único capital que se tiene para descolonizar a las instituciones nombradas por la Constitución. Me refiero a la colonización histórica que sufrieron los poderes por parte de quienes no son nombrados por las Constituciones, pero que siempre estuvieron presentes, que trascendieron los gobiernos y que fueron mucho más poderosos que los poderes constitucionales.

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Señora presidenta: desde el bloque del Frente Nuevo Encuentro adelanto que vamos a apoyar el dictamen de mayoría.

Uno de los errores que más comúnmente llevan a tomar caminos equivocados en la política y en cualquier orden de la vida es la descontextualización, esto es, sustraer a un hecho de las circunstancia del tiempo y del lugar y ponderarlo como si estuviera en el medio de circunstancias ideales. Opino que mucho de lo que se ha expresado en este debate tiene que ver con eso.

Las cosas no son óptimas. El primer óptimo hubiera sido que el atentado no se produjera; el segundo, esclarecerlo desde un primer momento y, de no cumplirse los anteriores, el tercero podría haber sido que el país al que pertenecieran los imputados estuviese acostumbrado a respetar las normas del derecho internacional y a tener una ley de extradición. Pero ninguna de esas circunstancias de tiempo y lugar es así.

Si se hubiera dicho que la alternativa a este memorándum es continuar el juicio en las condiciones ordinarias en los tribunales argentinos pero se elige Teherán, sí habría sido una claudicación. El pequeño detalle es que esa alternativa no existe; estamos cotejando con un conjunto vacío.

Quisiera orientar mi intervención al hecho de que la no aprobación de este memorándum implica continuar con la inmovilidad, por lo cual sería bueno preguntarnos a quién favorece ésta.

Hemos escuchado críticas de dos órdenes. Algunas se refieren específicamente al memorándum; por ejemplo, algún legislador sostuvo que es un texto “flojito”. Mire, señora presidenta, el texto del memorándum dice lo que tiene que decir.

Realmente se han dicho algunas cosas que parecen increíbles. En el plenario celebrado ayer y en esta sesión, como hay una comisión que tendrá acceso a la información, algunos han hecho un planteo crítico, como si en los hechos la delegación argentina abriera las cuatrocientas mil fojas del expediente a la Justicia iraní, y luego esta pide un tiempo para sacar fotocopias, pero cuando les corresponde a ellos no brindan información alguna. A veces me cuesta rebatir cosas que están en un plano de irrealidad e irracionalidad tan grande, y por eso quise mencionar esto como botón de muestra.

En cuanto al tema de los plazos, cabe recordar que tratados firmados con países mucho más cercanos a la Argentina, como por ejemplo el protocolo para conformar el Parlamento del Mercosur, tienen sus plazos vencidos. Acá se pide rigurosidad a un tratado, cuando la marcha de las cosas la van fijando las circunstancias del diálogo y lo que sucede en otros ámbitos. Son muchas las circunstancias que contribuyen a cumplir con un determinado acuerdo.

El otro orden de críticas son las ideológicas o geopolíticas, a las que enseguida me referiré.

La señora presidenta de la Nación y el señor canciller han sido muy explícitos al separar el valor reparatorio que tiene este memorándum para las víctimas y sus familiares de la cuestión geopolítica, lo cual me parece muy correcto e inteligente. Sin embargo, como he escuchado muchas intervenciones que no se refieren a movilizar la causa sino que formulan un planteo ideológico y geopolítico, quiero tratar de encontrar un punto de contacto entre una y otra cosa, que de ninguna manera tiene la intención de incrementar el comercio.

Me parece que el punto de contacto es tratar de dar al mundo, a las partes, a los argentinos, a las víctimas, un mensaje profundamente antiterrorista, un mensaje profundamente contrario al terrorismo.

¿Qué es el terrorismo? El terrorismo es lo peor. El terrorismo es la violación de la ley, la muerte de inocentes, lo imprevisible, la zozobra, lo artero, lo caótico, el miedo; es someter a la angustia a una sociedad, es no respetar en absoluto las normas ni el derecho; es la imprevisibilidad.

¿Hay una sola manera de ejercer el terrorismo? ¿Hay un solo Estado o un solo grupo de Estados que ejerzan actitudes terroristas o apañen organizaciones terroristas? Aquí tengo una diferencia central con la mayoría de las críticas que se han hecho. En mi opinión –no creo estar expresando sólo mi punto de vista, me niego a adherir a una definición “oficial” del terrorismo. Por el contrario, prefiero conceptuar al terrorismo desde los valores que destruye.

En este sentido, cuando el señor diputado Carmona aludió al principio de buena fe, eso fue tildado como naif, pensando que somos ingenuos al querer plantear el principio de buena fe en un acuerdo con un Estado terrorista. Considero que ese concepto es profundamente estratégico. Si hay algo que no puede hacerse al terrorismo es responderle con su propia lógica o hacerle lo que realmente merece. En esta materia la Argentina tiene una experiencia y un liderazgo internacional extraordinarios: en lugar de haber hecho a los terroristas de Estado lo que merecían, se les ha contestado con el Derecho y con las plenas garantías procesales. Por tal motivo, el principio de buena fe, lejos de ser naif, es profundamente estratégico.

¿Por qué digo que prefiero conceptuar al terrorismo desde los valores que destruye y no encapsular a un conjunto de Estados como Estados villanos? Si es por la cuestión de muerte de inocentes, ¿quieren hacer la cuenta de cuántos inocentes se mataron de un lado y del otro?  Si es por la violación a la ley internacional, ¿no habría países que tendrían que desalojar los territorios invadidos, como les ordena el derecho internacional, y no lo hacen? ¿No tendríamos que reconocer el legítimo derecho que tiene el Estado palestino de contar con su territorio como Estado soberano? Si hablamos de la defensa de los derechos humanos fundamentales, ¿qué es la cárcel de Guantánamo sino un centro de tortura internacional?

Desde el punto de vista de las garantías procesales, uno de los grandes valores que representa Occidente, ¿se justifica que un grupo comando detecte a un líder terrorista, lo asesine y arroje al mar? ¿No es eso un retroceso civilizatorio en términos de lo que representa simbólicamente respetar las garantías de una persona? Recordemos que se trata de un terrorista que ellos mismos adiestraron cuando les convenía fortalecer al movimiento talibán contra la invasión de la ex Unión  Soviética.

¿Tiene consecuencias menos graves que en un país hegemónico los conductores virtuales de los drones –aviones sin pilotos que están causando tantas víctimas inocentes  se recluten entre los chicos más talentosos para vencer en un video juego armado por el complejo militar tecnológico de ese país, a fin de que cuando sean adultos estén más familiarizados moralmente con el crimen y el ataque? ¿Es menos grave eso para la ruptura de los valores fundamentales de la civilización humana?

Algunos me podrían decir que aquí se trata de un Estado, y yo contestaría que hay también otros Estados que acaban de desclasificar archivos que indican que el Departamento de Estado financió el golpe a Salvador Allende en el año 1973, en el cual murieron cientos de inocentes por una política de Estado que se tenía para la región.

Entonces, yo quiero salirme del esquema. Soy profundamente antiterrorista. Repudio con todo mi corazón lo que dice el presidente Ahmadinejad sobre el desconocimiento del holocausto o de una agresión al Estado de Israel. Pero me pregunto cómo se garantiza  mejor la no agresión al Estado de Israel: ¿destruyendo a Irán o reconociendo al Estado palestino? Entonces, me niego profundamente a hacer este planteo desde la lógica de que de un lado están los buenos de toda bondad y, del otro lado, los malos de toda maldad.

Lo que es la peor bajeza es el terrorismo, es la peor bajeza moral, pero justamente si hay algo que no se le puede hacer es contestarle desde la misma bajeza. Por eso, cuando a una actitud terrorista se le opone otra del mismo calibre, lo que triunfa es el terrorismo. Como este acuerdo tiene una sola alternativa posible si no es aprobado, que es mantener la inmovilidad de la causa, la pregunta es a quién favorece que esta causa no se mueva.

Alguna línea argumental de crítica es fomentar la sospecha de que Irán no va a cumplir. Por las otras cosas que se dicen sosteniendo eso,  me queda la sensación de que quienes apoyan eso necesitan que Irán no cumpla, porque si Irán no cumple, lo mantenemos encapsulado en el grupo de Estados villanos y eso nos permite mantener una ecuación de poder en Medio Oriente, que es la que fomenta el belicismo, los operativos comando, el comercio de armas y las bases militares desplegadas en los lugares donde están los recursos estratégicos de la energía.

Esa es la verdadera excusa de todo esto; no es que hay un Estado teocrático porque hay Estados teocráticos de diversas religiones.

Para finalizar, si hay algo que va a cambiar el acuerdo es que va a abrir una grieta en una piedra, va a permitir abrir un cauce en un expediente que está paralizado, y el mejor favor que le podemos hacer al terrorismo internacional es mantener la inmovilidad de esta causa.

Por eso, desde esta perspectiva y desde tantas otras que se han sostenido para aprobar este acuerdo, es que desde el bloque del Frente Nuevo Encuentro vamos a apoyar este dictamen.

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Hay una cuestión de fondo que subyace y le da base de sustentación a todo el conjunto de grandes medidas y decisiones políticas que configuran el modelo nacional y popular, y que es la que conceptualmente determina el cambio de etapa política que estamos presenciando. 

Esa cuestión es haber puesto al descubierto un tema históricamente oculto, silenciado, como lo es la discusión sobre el Poder real. "Lo que no se nombra no existe", dice George Steiner. En eso, precisamente, consistía el mérito, la astucia, el privilegio del Poder, para mantener su inmunidad; en su capacidad para ejercerlo desde las sombras. Lo que se nombraba eran dirigentes, gobiernos, medidas políticas, orientaciones económicas. Y, por lo tanto, ellas eran las responsables de los ajustes, del malestar, de la exclusión. Uno de los grandes cambios operados a partir del liderazgo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner fue, precisamente, nombrar al Poder. Y ese 'nombrar' al Poder, lo pone en el centro de un debate social y político, y es lo que permite, precisamente a partir de ello, denunciar sus abusos, atacar algunos de sus intereses profundamente injustos, e intentar resituarlo dentro de un nuevo esquema social y político más equitativo.

Tal vez lo más grave para 'ellos', más que cualquier medida individual por más grandes que fueran los intereses afectados, ha sido poner al descubierto la diferencia entre el Poder real, por un lado y el gobierno y la política, por el otro. Lo que nos gobernó durante décadas no fueron los gobiernos elegidos, sino los poderes fácticos que actuaban en las sombras y por detrás de esos gobiernos, impartiéndoles las órdenes. Y, en la medida en que, por acción u omisión, los actos de la política comenzaran a ser disfuncionales a esos poderes fácticos, o bien disciplinaban a esos gobiernos a partir de sus presiones, amenazas y climas mediáticos, o bien los destituían.

Fue una tarde, dando una clase habitual en mi Maestría de Política Latinoamericana en la Universidad de La Plata, cuando –sin querer– puse en palabra este concepto. Hacía poco se había producido la represión de las fuerzas policiales a los indígenas que se oponían a la construcción de la carretera del Tipnis. Esos indígenas formaban parte de la coalición social y política de Evo Morales, y la derecha, en uno de sus remanidos actos de picardía, se dio cuenta de que debía ahondar la grieta entre los disconformes y el gobierno boliviano. Actuaron igual que nuestra prensa hegemónica, mutante a descamisada, que piensa que alguien va a creerle cuando aúlla en favor de algún derecho social, a los que históricamente ignoraron. 

En aquel momento, les dije a mis alumnos y alumnas que les iba a enviar por mail algunas interpretaciones alternativas de lo había sucedido en Bolivia, porque la interpretación 'oficial' la podrían obtener consultando la página de los diarios tradicionales. Y, mientras lo estaba diciendo, me dije mentalmente: si quien ejerce el gobierno es Evo Morales, al utilizar la palabra 'oficial', debería haberme referido al gobierno. Pero me estaba refiriendo al Poder. Y eso disparó en la clase un debate muy enriquecedor sobre este presente de Sudamérica. 

En esto reside, pues, uno de los más grandes, tal vez el más grande cambio de paradigma político de esta etapa: poner en disputa quién disciplina a quién. Y, en la medida que pueda consolidarse una nueva ecuación, según la cual sea la política la que discipline a los mercados, la voluntad mayoritaria la que oriente el rumbo de los poderes económicos, estaremos ante la refundación de una nueva legitimidad democrática e institucional. 

Pero hay una segunda cuestión, no menos de fondo, que surge del discurso opositor. Y es el hecho de desacreditar sistemáticamente el orden de prelación de las legitimidades. En la política, la mayor legitimidad pública es la del, o de la presidente. Por lo tanto, sus acciones no sólo no pueden presumirse como abusos de poder, ejercicio de autoritarismo o acciones inconsultas, cuando, en verdad, de lo que realmente se trata es de hacer uso de esa legitimidad superior proveniente de la voluntad popular. De lo contrario, caeríamos en la paradoja de que quien ostenta la mayor legitimidad es el autoritario, y lo 'democrático' sería que ese presidente o presidenta tomen las medidas que les indican las minorías. 

Ese discurso no es ingenuo, sino parte de toda una técnica comunicacional dirigida a confundir, equiparando legitimidades que no tienen punto de comparación. Uno de sus primeros antecedentes lo encontramos en la etapa de la Resolución 125, cuando en las pantallas de TN, un discurso de la presidenta, respaldada poco tiempo antes por el 45% de los votantes, ocupaba la mitad de la pantalla, y en la otra mitad, un dirigente local de una de las tantas entidades rurales, ocupaba la otra mitad haciendo un gesto de negación. Se trataba, lisa y llanamente, de una trampa a la Democracia. 

Algo similar sucedió tiempo después, en el episodio que concluyó con el alejamiento de Martín Redrado del Banco Central. Los medios hegemónicos se referían a aquel episodio como un conflicto de poderes, cuando, en verdad, jamás podría equipararse la legitimidad de la presidenta de una Nación con la del presidente de un banco, salvo que, para determinados intereses, los bancos sean igual o más importantes que las naciones.

En el mismo sentido, cuando debatimos en la Cámara de Diputados la declaración de repudio a la denuncia penal de Clarín contra algunos periodistas y funcionarios, un legislador de la oposición habló de una disputa entre el Grupo Clarín y el 'Grupo Casa Rosada', nombrando a este último, en forma peyorativa. Lo paradójico es, además, que por un lado se trate despectivamente al gobierno como si fuera un grupo más, y al mismo tiempo se alerte sobre el supuesto riesgo de caer bajo las garras de una suerte de poder totalitario. En el último debate parlamentario, sobre la Ley de Trata, alguien habló reiteradamente de 'Estado proxeneta'. En fin… ¿cómo se puede hablar con tanta liviandad de la autoridad investida de la máxima legitimidad, que es la representación popular? ¿cómo se puede viajar semánticamente con tanta laxitud entre la banalización y la sacralización extrema de las palabras, negando todo posible punto de equilibrio? 

En definitiva, el litigio de intereses que implica un cambio de época en la política argentina y latinoamericana, también debe atender a las cuestiones del lenguaje. En estas líneas, he tocado dos aspectos. El de poner en palabra lo que el Poder siempre quiso mantener oculto. Y el darle a las palabras alguna aspiración de racionalidad, que nos aleje del paroxismo a que pretenden llevarnos, infructuosamente, algunos intereses.

Publicado en Tiempo Argentino el 30/12/12 (enlace)

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COMISIÓN DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN. REPUDIO A LA DENUNCIA

PENAL CONTRA PERIODISTAS Y FUNCIONARIOS. SALÓN DELIA

PARODI, 29.11.2012


INTERVENCIÓN DE CARLOS RAIMUNDI


Muchas gracias a todos los amigos, amigas, compañeros y

compañeras aquí presentes. Quiero ser lo más breve posible.

Voy a tomar algo que recién escuché decir a Agustín Rossi y que

coincide con una sensación que tuve los otros días cuando concurrí a la

conferencia de prensa realizada en el CELS: sin restarle gravedad al

episodio, tengo una sensación de claridad. Todos estos son hechos que van

aclarando las cosas. La sensación que tenía es que cada uno está en el

lugar donde debe estar. Esta denuncia abona esa teoría.

Voy a tratar de explicar esto mejor, tomando algo que decía Sandra

Russo. Cómo habrá sido la situación, que la SIP le tuvo que decir que se

habían pasado de vueltas. No es casual, no es imprevisto. Es el efecto

cascada, es el pasar los límites que da la sensación de impunidad. Cuando

uno está acostumbrado a la impunidad, adquiere la tendencia de hacer lo

que quiere. En ese hacer lo que quiere uno se desboca, pierde los límites,

se pasa todos los niveles de inescrupulosidad. Por lo tanto, ellos están en el

lugar donde tienen que estar.

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Mi lectura y posterior opinión sobre el Documento emitido por los Obispos argentinos fue atravesando etapas. La primera –esa dimensión tan humana y que Cristo tanto entendería- fue la ofuscación y esas ganas tan fuertes de gritar que me parecía deplorable. Pero no debía quedarme ahí, porque eso convalidaría una confrontación basada en el impulso, y ese plano, aunque válido, no resulta igualmente constructivo que el de la reflexión.

Por eso pasé a la ponderación de cada párrafo, a lo que me referiré una líneas más adelante. Pero la dimensión más abarcadora, es la que me lleva a calificar el Documento desde una mirada general, esto es, a discrepar con el lugar desde donde decide ponerse el obispado para evaluar nuestra realidad. Y es aquí donde llego a la primera conclusión. Se trata de un documento eminentemente partidario, desde el momento que se apropia de toda, sin excepción, la línea argumental de los factores de poder cuyo principal objetivo no es construir una Patria mejor, sino denostar al gobierno en todo lo que haga. No está hecho desde la Iglesia-pueblo, sino desde la Iglesia-poder. No está hecho desde la mirada de los humildes, sino desde los sillones. No está redactado desde el vínculo estrecho y profundo –que no lo tienen- con los más vulnerables, sino desde los estereotipos construidos en las grandes, pero herméticas, oficinas del poder, y ‘propalados’ luego (aquí sí cabe la palabra), por los títulos gráficos, los zócalos televisivos y los mensajes radiales del poder. Es un documento surgido de esa renovada alianza de clase –y rencor de clase- que históricamente constituyó la cúpula de la Iglesia con los grupos de interés más poderosos de nuestro país.

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