Frente a la insistencia del gobierno en involucrar a las Fuerzas Armadas en temas de Seguridad interior –lo que está prohibido por ley–, Contexto dialogó con Norma Ríos, presidenta de APDH, Elsa Bruzzone, especialista en temas militares, y Carlos Raimundi, dirigente político, quienes remarcaron que el macrismo busca prepara un clima de represión “por miedo a un nuevo estallido como el del 19 y 20 de diciembre de 2001”.
Recientemente, el presidente Mauricio Macri volvió a insistir con la idea de que las Fuerzas Armadas intervengan en temas de Seguridad Interior, algo que está prohibido por ley. La normativa argentina separa claramente los roles de las Fuerzas de Seguridad (Policía Federal, Policía provincial, Gendarmería, etcétera) de los de las Fuerzas de Defensa (Fuerzas Armadas: Ejército, Marina, Fuerza Aérea).
La trágica experiencia de la dictadura argentina –y también los terribles datos que muestran la experiencia internacional– llevó a que los procesos democráticos dividieran con claridad Defensa (exterior) de Seguridad (interior). Sin embargo, el gobierno argentino, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, insiste con involucrar a las Fuerzas Armadas en temas de Seguridad. Para entender los motivos y los peligros que conllevan la insistencia del macrismo, Contexto dialogó con una especialista en temas militares, Elsa Bruzzone, una referente de derechos humanos, Norma Ríos, y un dirigente político. Los tres llegaron a una conclusión: el gobierno prepara un clima de represión por miedo a un estallido social como el del 19 y 20 de diciembre de 2001.
“Es un regreso a la Doctrina de Seguridad Nacional. Este gobierno es consciente de que estás medidas que sigue implementando, tanto en el campo social como en el económico, indefectiblemente terminan mal. Vamos camino a un ’19 y 20 de diciembre de 2001′. Ellos lo saben y, por miedo a que las Fuerzas de Seguridad sean sobrepasadas, intentan involucrar a las Fuerzas Armadas en temas de Seguridad interior. El gobierno ha dicho que piensa crear una Fuerza de Despliegue Rápido con 10 mil integrantes de las tres Fuerzas Armadas”, aseguró Elsa Bruzzone, integrante del Centro de Militantes para la Democracia Argentina (CEMIDA).
ELSA BRUZZONE: “LA EXCUSA QUE UTILIZA EL GOBIERNO DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y EL TERRORISMO, PERO EL OBJETIVO FINAL ES LA POBLACIÓN”.
“Esto también es parte del alineamiento argentino con Estados Unidos, dado que también responde a un insistente pedido del jefe del Comando Sur norteamericano, el almirante Kurt Tidd. En las reuniones sucesivas que ha tendido con integrantes de las Fuerzas Armadas de la región, el jefe del Comando Sur ha reclamado que aquellos países que tienen una línea divisoria entre Seguridad (interior) y Defensa (exterior) eliminen esa división”, señaló Bruzzone.
Por su parte, Norma Ríos, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), señaló que “desde la APDH repudiamos este nuevo intento del gobierno de sacar las Fuerzas Armadas a la calle. El gobierno insiste hace tiempo con ese proyecto que hasta ahora se ha podido frenar. El macrismo insiste con esto porque que tienen un plan económico cada vez más duro, que indudablemente va a generar protestas cada vez más fuertes, y por ello pretenden tener un aparato represivo cada vez más duro y cada vez más aceitado”. “La idea de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle nos retrotrae a todos los argentinos al genocidio, la tortura y la desolación que dejó la dictadura”, remarcó.
Ríos sostuvo que “esto viene de la mano del cambio del Código Procesal Penal, que todavía no está en uso, y el intento de legalización del software israelí Pegasus (para realizar espionaje de todos los teléfonos móviles), que les va a permitir invadir la privacidad de todos los argentinos”. “La intención del gobierno no sorprende, pero indigna y genera una profunda preocupación”, remarcó la presidenta de la APDH.
En la misma línea, Carlos Raimundi, exdiputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV), aseguró: “La legislación argentina está sostenida por dos pilares: uno es conceptual, que es separar la Defensa, que es exterior, y para el que están las Fuerzas Armadas, de la Seguridad, que es interior, y para lo que están las Fuerzas de Seguridad; el segundo pilar de nuestra legislación es nuestra experiencia histórica del proceso del terrorismo de Estado, no solamente en Argentina, sino en toda la región. Por ese motivo se separan claramente estos dos roles de Defensa y Seguridad”.
“El terrorismo de Estado se sostuvo sobre la Doctrina de la Seguridad Nacional que combinaba Defensa y Seguridad. Se creó la teoría del ‘enemigo interno’ y todo el horror que tuvo como consecuencia”, remarcó el dirigente, y señaló que “el gobierno pretende generar un retroceso civilizatorio que haga volver al país a esa doctrina. Eso está atado con el regreso a la censura, la despolitización, la persecución a los líderes populares y la fuga de capitales”.
“El macrismo prevé un escenario de conflicto social al que el gobierno responde con la militarización y la compra a Israel de los dispositivos de seguridad e inteligencia de mayor sofisticación. Todo esto representa un conjunto de políticas que pretenden hacer jugar a Argentina el papel que el Imperio le determina y eliminar todo rastro de autonomía geopolítica que existía hasta finales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, concluyó Raimundi.
