Carlos Raimundi
En enero de 2010 el entonces presidente del Banco Central, Martín Redrado, se atrincheró en su escritorio, encarnando lo que algunos pretendieron fuera un conflicto de poder con la presidenta de la Nación. Absurdo, osado, malintencionado, por cuanto jamás podría plantearse un conflicto de poder entre dos investiduras no equivalentes, desde el momento que una expresa la mayor legitimidad pública de una democracia, y del otro lado está el presidente de un banco. Luego fue la negativa de las grandes acopiadoras a liquidar sus cosechas, los levantamientos policiales en algunas provincias, y, a mediados del año pasado, un fallo de la corte estadounidense que –por inercia– activó la decisión de Griesa contra el desendeudamiento soberano de nuestro país. Los intentos conspirativos fracasaron en todos esos casos.
En las últimas semanas, frente a una presidenta a la que es muy difícil lastimar por el lado de su gestión de gobierno, se intentó la vía del desgaste a través de su difamación en los titulares de la prensa internacional.
Cruzando todos esos fallidos episodios destituyentes, siempre estuvo presente la corporación judicial; aquellos nichos dentro de un Poder Judicial que debería ser independiente, pero que, sistemáticamente, se han ocupado de confrontar y desestabilizar al gobierno constitucional. Es increíble, y sólo se lo entiende desde la perspectiva del colosal arsenal mediático que manejan, que sean justamente los poderes fácticos que han irrigado con sus propios militantes a sectores clave del Poder Judicial, que sean ellos mismos los que instalen con descaro que el kirchnerismo intenta 'manejar' a la justicia.
En tan sólo seis notas revisadas durante la segunda semana de febrero con referencia a Nisman, encontré 12 trascendidos atribuidos a "contactos informales que tuvieron acceso al expediente", un expediente que por cierto es secreto. Sumado a ello, las decenas de llamadas entre el fiscal y dos diputadas opositoras, hablan a las claras de cuál es el sector que incide en la Justicia. Sin embargo, el planteo comunicacional es "el gobierno coarta la independencia judicial".
En los últimos días asistimos a una nueva maniobra, por la cual se pretendió que el presidente de la Corte contestaba a la presidenta de la Nación en su discurso inaugural del año judicial. Se intentó equiparar una tradición informal iniciada hace pocos años por el propio Lorenzetti, con el precepto constitucional según el cual la presidenta debe abrir el período ordinario del Congreso de la Nación. Sin entrar en el grueso error que él cometiera calificando al atentado a la Embajada de Israel como cosa juzgada y le valiera luego el mentís de la Corte, se debe cuestionar la falsedad de origen de algunos argumentos que dan forma al sentido común de muchas y muchos argentinos. Quienes bregamos por cambiar paradigmas muy arraigados en nuestra sociedad, no podemos pasarlo por alto, sino que tenemos que hacer todo lo posible para desmontarlos.
Parte de esa raigambre intelectual del poder se encarga de decirnos que el Poder Judicial es, a partir de su facultad de interpretar la Constitución, el custodio último de la democracia. Pero digamos claramente que se trata de personas que no pagan los impuestos a que sí está obligado el resto de los mortales y que pueden quedarse de por vida en sus cargos. Ambos privilegios, el no pagar impuestos y la condición de vitalicios –cuando no hereditarios– son signos mucho más cercanos a la monarquía que a la democracia. Fue justamente el reclamo de participar en las decisiones de los primitivos nobles contribuyentes a sostener al monarca, lo que originó los primeros atisbos de lo que luego fue el parlamentarismo moderno. Es decir, el pagar impuestos está estrechamente ligado a la aparición de las democracias, pero, sin embargo, sus "custodios" actuales, no los pagan.
Y sobre el carácter vitalicio, veamos el siguiente contrasentido. La presidenta de la Nación, cuya investidura proviene de la voluntad expresada por millones de votantes, encuentra un límite constitucional de ocho años para ejercer su mandato en forma consecutiva. En cambio, basta con tener el apoyo de tres –¡sí, tres!– personas, para que quien preside otro de los poderes del Estado pueda hacerlo de por vida. ¿Cuál es la lógica democrática que lo justifica? Se me dirá que esto deriva de la idea de los "frenos y contrapesos" surgida de la doctrina anglosajona que plasmó la Constitución de los Estados Unidos y en El espíritu de las leyes de Montesquieu.
Como doctrina filosófica tanto como económica, el liberalismo sucedió cronológicamente a las monarquías absolutas de Europa. Y es en el espíritu de pensadores como Locke, Mill, Rousseau, Constant, Madison, Jay, etc., donde se basa la concepción contramayoritaria del Poder Judicial. La idea dominante era que el riesgo principal consistía en que el nuevo poder político reprodujera los abusos de las monarquías, fundado esta vez en el apoyo de las mayorías. Desde ese enfoque, las nuevas democracias debían construir su reaseguro, y lo encontraron en un Poder Judicial no-mayoritario. Pero el capitalismo, en tanto organizador de las sociedades modernas, ha evolucionado de tal forma que los que ha adquirido el mayor monto de poder no han sido los Estados, sino el capital financiero más concentrado y trasnacionalizado. Cuando, en su reciente mensaje, la presidenta señala que, según la consultora Mckinsey, el endeudamiento de los Estados es 2.86 veces superior a su PBI, da cuenta del poder creciente que ostentan los mercados por sobre la política. No es en los gobiernos populares sino en ese poder concentrado donde reside el mayor riesgo para nuestras democracias. El Poder Judicial debería evitar ser cooptado por él, si efectivamente quiere ser un contrapeso en defensa de los intereses populares, y, sin embargo, en gran medida le es funcional.
¿Cómo se expresa esta alianza mediático-judicial en términos económicos? Un botón basta de muestra. Originalmente, la denominada Ley de Medios establecía un año de plazo para la adecuación de aquellos grupos que se excedieran en cantidad de licencias. Pero por los conocidos artilugios judiciales, con complicidad de algunos jueces de la Corte Suprema, la ley fue impedida durante cuatro años de entrar en vigencia en ese punto. Luego de una contundente Audiencia Pública, la Corte la declaró plenamente constitucional. Ahora bien, si la ley fue declarada totalmente constitucional, incluido el plazo fijado en un año para la adecuación de los monopolios, pero estuvo cuatro años sin entrar en vigencia, quiere decir que hubo tres años en los que el grupo más altamente excedido facturó indebidamente mes por mes, abono por abono. Y de esa manera financió su propio salto tecnológico, con fondos que correspondían en verdad a la diversidad de voces reconocida por la ley.
Y últimamente, la moda es que un solo juez puede detener la marcha de un tratado internacional, es decir, fijar la política exterior del país, por sobre el trabajo de años de nuestra Cancillería. ¿Qué tiene eso de democrático?
Si consultáramos a cada ciudadano y ciudadana si cree que en la Argentina el Poder Judicial funciona correctamente, la inmensa mayoría respondería que no. Sin embargo, cuando el gobierno intentó una reforma como la de 2013 –archivada por sus propios destinatarios ya que ponía límites a sus privilegios y prerrogativas– no hubo la suficiente movilización social para sostenerla. Aquí cabe hablar claramente de una asignatura pendiente.
Volviendo al principio, cuando se elige a la corporación judicial como vía para conspirar contra un gobierno legítimo como sucede en la Argentina de estas horas, hay una circunstancia inédita respecto de las otras conspiraciones: los plazos judiciales son arteros, aleatorios y arbitrarios. Por lo tanto, estaremos expuestos en todo este año electoral a que un juez inescrupuloso impute o cite a declarar a más de un funcionario de gobierno, y eso sea amplificado por los grandes titulares de prensa para crear un clima de convulsión, no con un objetivo de trasparencia sino de destitución política. Sepamos con toda claridad que no se tratará de actos orientados a 'custodiar la república', sino meras operaciones electorales en defensa de determinados intereses. Y anticipémoselo a nuestros conciudadanos y conciudadanas.
Fuente: http://tiempo.infonews.com/nota/148872/la-via-judicial-de-la-conspiracion
