Actividad política

Muy agradecido a las Madres por permitirme participar de este Congreso, pleno de jóvenes que circulan con un enorme interés por los temas que se tocan. Un Congreso que se denomina “El otro soy yo”, emulando la consigna enarbolada por nuestra Presidenta “La Patria es el Otro”, el otro como el igual, en lugar de “La patria es ‘del’ otro”, el otro como el poder.
El titulo de la Mesa es "Las Madres y la justicia", y, al respecto, me permito decir que en esta batalla que estamos dando por democratizar al poder judicial, debemos comenzar por el nombre de las cosas. Muchas veces usamos la palabra "justicia" para nombrar al poder judicial, y no es así. Si tomamos la palabra Justicia como valor, diría que "las Madres son la Justicia"; y la justicia, si con esa palabra nombramos al poder judicial, la justicia -en ese caso- es la in-justicia. La historia de la relación de las Madres con el poder judicial así lo demuestra (espero se haya entendido). 
Poder judicial es una expresión que se integra con la palabra poder y la palabra judicial, que deriva de justicia. Lamentablemente, la historia concreta de nuestro poder judicial demuestra que él se ha inclinado mucho más hacia el poder que hacia la Justicia como valor. 
En la Facultad de Derecho nos forman diciéndonos que la labor de un Juez está orientada a acercarse a la verdad. Pero en los hechos -y para tomar un ejemplo muy simple- en un juicio por daños y perjuicios, para demostrar que un automóvil circulaba a 40 km/h una de las partes va a decir que circulaba a 80 km/h y la otra parte dirá que estaba detenido. Es decir, para llegar a la verdad, en lugar de cotejar entre verdades, el juez va a tener que promediar mentiras. De esto se pueden sacar conclusiones. 
Recuerdo un caso personal, en derecho de familia, donde la asesora de menores (hablar de 'menores' también es una rémora del pasado) retaba a los padres por su actitud respecto de su hija Mónica, cuando en verdad, el caso trataba de Lucía. Se le habían traspapelado las carpetas, pero en realidad no tenía idea de lo que estaba hablando; quien estaba allí supuestamente en representación del poder judicial había extraviado la dimensión humana del caso. En este mismo sentido, la ley habla todavía de 'tenencia', cuando lo que se tienen son los objetos, no las personas. O de 'visitas' cuando lo que se visita es lo ajeno, pero no a un hijo o a una hija. Afortunadamente, muchas de estas rémoras están siendo subsanadas en el proyecto de unificación de los códigos civil y comercial, pero fíjense que tal iniciativa no ha surgido del poder judicial, sino de la política.
Asimismo, si alguna o alguno de Uds. conoce la sede de nuestra Corte Suprema o de los Tribunales Federales, comprobará que de esos edificios que nada tienen que ver con nuestra realidad sino que fueron copiados de la Ilustración francesa, no puede salir un fallo justo. Además, no es casualidad que se los llame "Palacio".
Nuestro país copió la estructura judicial de la Constitución de los EE.UU., junto con toda la estructura de poder, aunque aplicada a una realidad sociológica y cultural muy distinta. Los 'padres fundadores' de la Constitución estadounidense pensaron la condición contra-mayoritaria de su poder judicial, para prevenir lo que ellos llamaban el riesgo de la tiranía de las mayorías. Además, tanto el sistema de seguridad como el sistema judicial de aquel país estaban al servicio de una burguesía productiva, pujante, y no de una oligarquía terrateniente parasitaria y rentística como el nuestro. Se trata de una suerte de alianza de clases totalmente distinta. En nuestro país, además, jamás corrimos el riesgo de una tiranía de las mayorías. Quienes bombardearon, proscribieron, escondieron el cadáver de Evita, desaparecieron, fueron las minorías oligárquicas, no las mayorías. Y el poder judicial fue, generalmente, el garante de esos intereses. Tal como lo decía nuestra Presidente cuando anunció el tema de la democratización de la justicia, al abrir el período ordinario del Congreso el último 1ero. de marzo: ¿por qué será que los golpes de estado han derrocado a los presidentes, cierran el parlamento, intervienen sindicatos y partidos, pero no tocan al poder judicial? Lo es, justamente, porque a partir de su estructura cerrada, aristocrática, vitalicia, hereditaria, aristocrática, la familia judicial ha desempeñado históricamente el rol de garante de los intereses y de la impunidad de los poderes dominantes. 
En nuestra región estamos atravesando un proceso histórico, que tiene que revertir siglos de colonización. Por eso es que los procesos nuestros no se pueden medir en términos de mandatos presidenciales. Se tienen que medir en términos de cuánto dura cambiar, refundar y arraigar los nuevos paradigmas culturales, económicos, sociales. De allí que se torne necesario generar procesos de reforma constitucional, como lo han hecho fructíferamente Bolivia y Ecuador, y como lo intentó la República Bolivariana de Venezuela, donde se perdió el plebiscito por 50 centésimos. Cuando a ese “tirano” de Chávez -ese líder tan antidemocrático que ganó 14 de las 15 elecciones a que se sometió- le sugirieron que el oficialismo debía disputar el comicio hasta el último voto, respondió: “vayan ya, y anuncien que perdimos, porque nuestra fuerza no puede vencer por muy poquito. Podemos perder por muy poquito, pero no podemos triunfar por muy poquito”. ¡Quién puede dudar de la calidad institucional del régimen venezolano luego de este gesto! ¡O quién podría dudar de la calidad institucional en esta etapa de la Argentina, donde asistimos a los juicios donde los peores genocidas, los más atroces, y estos han tenido todas las garantías procesales, sin que corriera una gota de justicia por propia mano! ¡No son precisamente los que bancaron bombardeos y proscripciones, y escondieron el cadáver de Evita quienes nos van a decir qué es la calidad institucional! 
Esas nuevas Constituciones, como la del Estado Multicultural de Bolivia, se apoyan en el concepto de giro descolonial. Dicho muy simplificadamente, el giro descolonial implica explicitar la diferencia entre gobierno y poder, denunciar a los poderes fácticos, sacarlos de su ocultamiento, de su solapamiento histórico. Y si algo no perdona el poder es que se lo saque de su escondrijo, porque con ese solo hecho ya tiene menos poder. 
En nuestro país, entre 1983 y 2003 vivimos disputas y escaramuzas al interior del poder. El corte de 1983 no fue menor, por cuanto el Estado dejó de expresar un plan sistemático de represión (lo que no quiere decir que no persistan nichos represores enquistados en el Estado). Eso no es menor, reitero. Pero es recién en 2003 cuando la batalla se fija como eje ‘disputar’ el poder. Ya no se trata de litigios al interior de un poder que seguía manejando y subordinando a la política, sino de confrontar al poder político, surgido de la voluntad de las mayorías con el poder real de las grandes corporaciones. 
Es decir, ya no es el poder que pone a políticos como escudo, pero los maneja desde atrás. Entonces, o ese político se somete, o lo hacen caer. Pero en ambos casos, el poder es el que maneja desde atrás, y entonces, el pueblo se siente defraudado por el político y odia a la política, y no al poder, cuyo ardid es mantenerse oculto. De aquí que haber desenmascarado esta situación adquiere tanta centralidad.
Otra cosa que le duele mucho al poder y no la tolera, es que, por ejemplo, una coyita que históricamente fregaba los pisos de la oligarquía, sea funcionaria del Estado. A esto denomino, resumidamente, giro descolonial. 
Estas nuevas Constituciones también determinan como paradigma de la organización social, el buen vivir. El vivir bien, el buen vivir, que es un concepto integral, y además sumamente sencillo. El problema para el poder y para el statu quo es que cruza nuestra concepción tradicional, ‘occidental’ y colonizada de la naturaleza, de la familia, de la propiedad, con una concepción ancestral que traen consigo los pueblos indígenas, de los cuales proviene nada menos que el Presidente Evo Morales. 
Ahora que nombro la palabra ‘propiedad’, quiero abrir un paréntesis, que trata de explicar lo que significa una nueva demanda. Todos recordamos con beneplácito la formación de la actual Corte de Justicia. Era un avance en cuanto a formación jurídica y autonomía de pensamiento, respecto de la que encabezó Julio Nazareno durante la década de los noventa. Otro paréntesis: nunca cuestionó el poder la concentración o la falta de calidad institucional de una estructura de gobierno donde el vértice del ejecutivo, el vértice del poder legislativo y el vértice del poder judicial pertenecían al mismo estudio jurídico de La Rioja. Les decía, entonces, que en su momento celebramos a la nueva Corte. Y hoy, a la luz de sus últimos fallos, notamos que persiste en sentirse parte de la familia judicial y defender, fundamentalmente, a la propiedad privada que establecía como único paradigma las constituciones liberales del siglo XIX. Es decir, lo que en su momento fue un avance, hoy demanda nuevos horizontes. Y esto implica nuevos desafíos para nuestra Democracia. Del mismo modo que para una persona desocupada en su momento, conseguir una changa equivalía a tocar el cielo con las manos. Pero pasado un tiempo, lucha por formalizar su relación de trabajo, es decir, una nueva demanda que implica una mejora de calidad democrática. 
Queda clara, entonces, la necesidad de democratizar al poder judicial Y ese es el sentido de las seis leyes que fueron sancionadas este año. Tres de ellas vinculadas con su trasparencia: la necesidad de divulgar el estado de las causas, la declaración de ingresos de los funcionarios y magistrados judiciales, y el ingreso por concurso al poder judicial. Los otros tres, vinculados con cuestiones más estructurales, como la creación de cuatro cámaras de casación, el límite temporal a las medidas cautelares que interpone el poder contra el Estado, y el voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.
Todo ello encaminado a impedir, democrática e institucionalmente, que gobiernen las minorías en detrimento de las mayorías –como ha sucedido con la Ley de Medios- a través del poder que han tenido históricamente para colonizar, cooptar y comprar a importantes sectores del poder judicial.
Muchas gracias, quedo a disposición del intercambio que podamos hacer entre todos y todas.